Como parte de una avanzada contra la inseguridad y el narcotráfico, José Mujica envió al Parlamento un proyecto para regular la fabricación y distribución de cannabis. El Estado tendrá el monopolio de la producción. Se refuerzan las medidas contra el paco.
El gobierno uruguayo decidió ayer legalizar la marihuana para combatir el narcotráfico y alejar a los usuarios de las bocas de expendio de pasta base de cocaína. Por este motivo enviará al Parlamento un proyecto de ley que otorga al Estado el monopolio de la producción, distribución y venta del cannabis. “La prohibición crea a la sociedad uruguaya más problemas que la droga misma, algo que vemos en países cercanos y no tanto”, observó el ministro de Defensa uruguayo, Eleuterio Fernández Huidobro, en una conferencia de prensa en la que también se anunciaron otras medidas tendientes a mejorar la convivencia social y la seguridad ciudadana. De esta forma, Uruguay podría convertirse en el primer país de América en legalizar la marihuana con fines que exceden lo terapéutico, como ocurre en Canadá y en varios estados norteamericanos.
“Tuvimos en cuenta los tratados internacionales, las relaciones con países vecinos y los problemas diplomáticos para dar un paso de esta naturaleza. Para que el país no se convierta en un centro de fabricación de drogas es que planteamos tener el control total sobre la producción. Al menos hasta que se legalice en otros países, algo por lo que vamos a luchar en América latina”, prometió Huidobro, bastón en mano y acompañado por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi; su par de Desarrollo Social, Daniel Olesker, y el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia.
Según informaron los ministros, en Uruguay 300 mil personas declararon haber probado marihuana al menos una vez, es decir, el 10 por ciento de la población. La mitad de estos usuarios fuman entre uno y dos porros diarios. “Por la venta ilegal de esta droga se recaudan 75 millones de dólares anuales. Esa plata se lava a través de servicios financieros y va a parar a los bancos. Esta combinación trágica de corrupción está afectando a gran escala a México, Honduras, Guatemala y ahora a Ecuador y a Brasil. No queremos que nos pase lo mismo”, aseguró Huidobro.
El ministro de Defensa explicó que la iniciativa del Ejecutivo se asemeja a la propuesta de legalización que estuvo muy cerca de aprobarse en el estado de California. “El Estado va a tener un control estricto de la producción agrícola para que no haya contrabando”, dijo el ministro, quien no confirmó la versión lanzada el día anterior de que habrá que anotarse en un registro para poder comprar. Tampoco mencionó la cantidad que podría comprarse, ya que había trascendido que serían 40 dosis por mes, ni la inclusión de un impuesto en la venta destinado a los tratamientos.
“Estas medidas apuntan a tratar el consumo problemático de sustancias. Es un objetivo mundialmente conocido el de separar la marihuana de otras drogas y tiene buenos efectos. Nuestra tesis de la legalización es que vaya acompañada de una regulación pública de los mercados. La separación de mercados es una clave”, dijo el ministro de Desarrollo Social. Según explicó Olesker, se busca preservar al usuario de marihuana de entrar en contacto con los vendedores y por ende de la ofertas de sustancias como la cocaína o la pasta base, conocida como “paco” en Argentina.
El proyecto será enviado al Parlamento, donde ya existen otras iniciativas que despenalizan el autocultivo de marihuana e incluso plantean la posibilidad de clubes de cultivos, a cargo de usuarios. Sin embargo, ayer los ministros presentes advirtieron que lo que se busca es una solución estatal, al menos hasta que cambie el panorama regional. “La Cancillería va a tomar este tema y va a impulsarlo en América latina para ponerle fin a una política que inició (el presidente Richard) Nixon en 1971 y que solo benefició al narcotráfico”, dijo el ministro Huidobro.
En lo que concierne a la lucha contra el tráfico de pasta base, el plan incluye el fortalecimiento investigativo a través de “dispositivos especializados en el narcomenudeo”, aseguró Eduardo “El Bicho” Bonomi, funcionario de confianza de Mujica. “También vamos a abrir un nuevo laboratorio para análisis de drogas. Hoy la pasta base nos da que es clorhidrato de cocaína, pero en otro análisis se probó la presencia de talio, un metal pesado usado para fabricar veneno para ratas. La pasta base viene con elementos más perjudiciales que la propia droga”, dijo este ministro.
El rebaje de la pasta base o de la cocaína, en caso de ser perjudicial para la salud, será tomado como agravante a la hora de imponer penas que irían de 4 a 15 años de prisión. “También habrá un agravamiento de las penas en caso de corrupción policial”, comentó Bonomi, quien recordó que las fuerzas recibieron aumentos de salario y mejoras de equipamiento y tecnología. “Queremos atacar el tráfico y reducir el consumo de pasta base, que es la sustancia ilegal menos consumida. Además no es droga, se trata de un veneno. Y está científicamente comprobado”, agregó Huidobro.
El ministro de Desarrollo Social no se refirió a las versiones sobre la internación coactiva de los usuarios de pasta base, algo que desaconsejan los especialistas de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay. En cambio, enumeró una serie de medidas para un abordaje integral de los usuarios de distintas sustancias. “En total van a trabajar en esto 1970 personas: 520 en unidades de proximidad y de urgencia, 780 en centros de día, 120 con las personas privadas de libertad y 550 con internados en plazas médicas.” Luego se refirió a las críticas opositoras por la supuesta ambigüedad de luchar contra el tabaquismo y producir marihuana.
“Es una barbaridad, la separación de mercados es una clave para que funcione la atención de usuarios problemáticos”, contestó Olesker, luego de que varios diputados de la oposición plantearon vía Twitter su oposición a la legalización, antes de su anuncio formal. “Es una tomadura de pelo”, dijo Javier García, del Partido Blanco. El colorado Pedro Bordaberry señaló: “Lo que más preocupa es que uno estaba esperando medidas para combatir la inseguridad”. Otros diputados plantearon que la iniciativa no hará bajar el consumo de pasta base sino que lo elevará.
Ante este previsible revuelo, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, hizo un pedido, “un ruego casi”, al terminar su exposición: “No banalicemos la discusión. Escuchemos, analicemos, discutamos y estudiemos. Es una buena oportunidad de dar una discusión profunda sobre estos temas en la sociedad uruguaya”.
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